Si alguien buscaba un manual práctico sobre cómo destruir una carrera gubernamental por unas cuantas monedas, Efraín Rivero Euán acaba de publicar la obra definitiva. El ahora exsubdirector de Operaciones y Procesos del Catastro Municipal fue despedido con cajas y tambores tras comprobarse sus pequeñas desviaciones normativas.
Tal como detalla la información que está circulando en medios digitales, el modus operandi era de lo más pintoresco: ciudadanos vulnerables de distintas comisarías acudían buscando ayuda para sus trámites, y el funcionario aprovechaba para aplicarles una tarifa personalizada de 1,500 pesos. A cambio, los usuarios obtenían un boleto directo a la nada, acompañado de una variada colección de excusas para justificar la ineptitud.
Pero la fiesta se acabó cuando la Contraloría Municipal decidió meter las narices donde no la querían los corruptos y armó una sólida carpeta de investigaciones. Las violaciones a la normatividad son tan evidentes que ya se perfilan como una falta administrativa grave, digna de un récord Guinness en cinismo institucional.
Como es de esperarse en estos casos, Rivero Euán salió a negar las acusaciones con la misma convicción con la que seguramente presumía su honradez en internet. Trágicamente para su tranquilidad, en la dependencia a cargo de Aura Loza Álvarez la paciencia se agotó y le cerraron la puerta en las narices, perdiendo toda credibilidad.
Este terremoto administrativo se suma a la reciente y silenciosa salida de Fernando Tzab, el distinguido panista que juraba no saber qué era la grilla ni el hostigamiento laboral. Ya van dos bajas de peso en tiempo récord; el marcador está abierto y la lista sigue acumulando nombres.
